El mercado determina a quién se compra la electricidad. Después, el operador del sistema comprueba si el programa resultante de producción y consumo puede ejecutarse con seguridad. Si una línea no tiene capacidad suficiente o el régimen de funcionamiento no garantiza una tensión admisible, hay que modificar el programa.
Estas situaciones se denominan restricciones técnicas. Para resolverlas, el operador puede modificar los programas de generación, demanda o almacenamiento. Por ejemplo, aumentar la producción donde sea necesaria para operar la red con seguridad, aunque ese volumen no se haya seleccionado en la casación inicial. Estas actuaciones se remuneran mediante los mecanismos establecidos.
Según explica Red Eléctrica, el coste depende del volumen de ajustes necesarios y de las ofertas de los participantes, principalmente generadores. No es un ingreso del operador por cada megavatio hora movilizado. Por eso, un precio bajo en la compra inicial de energía no implica que todas las actuaciones posteriores del sistema sean baratas.
De acuerdo con Red Eléctrica, entre enero y septiembre de 2026 el coste de resolver restricciones técnicas fue de 3.614 millones de euros. No es el coste de toda la «estabilidad de la red», ni corresponde únicamente a la operación reforzada posterior al apagón de 2025. Para esta categoría más limitada, la denominada programación reforzada, el operador señala menos de 275 millones de euros en el mismo periodo.
La CNMC, el regulador español de los mercados y la competencia, estudia el reparto de estos costes. Su informe del 8 de octubre indica que el 27 de julio pidió al operador un análisis del mecanismo vigente de financiación de las restricciones técnicas. Se trata de comprobar hasta qué punto refleja los costes y qué incentivos ofrece al consumidor, también al elegir cuándo utiliza electricidad.
El informe describe un trabajo en curso, con diálogo entre participantes y la preparación de una propuesta de modificación normativa. El encargo de un análisis no introduce una tarifa nueva ni permite calcular una futura subida o rebaja para una vivienda de la Costa Blanca.
La repercusión de los costes actuales en la factura depende de las condiciones de suministro. En el PVPC, la tarifa regulada, se incorporan mediante una metodología establecida. En el mercado libre conviene comprobar si están incluidos en el precio anunciado, si se repercuten por separado y cuándo pueden revisarse.
Imaginemos un ejemplo hipotético: una empresa de Alicante compara un precio fijo con una oferta que presenta el precio del mercado y una pequeña cuota de la comercializadora. Para compararlas con sentido, necesita saber dónde se incluyen los costes de ajuste en cada opción. Una cuota comercial baja todavía no revela el coste completo del contrato.
Tampoco se pueden restar directamente los costes de restricciones técnicas de la estimación del ahorro solar de UNEF: los periodos, los conceptos y los escenarios de cálculo son distintos.
Para el consumidor, el debate de la CNMC importa sobre todo porque las futuras reglas pueden cambiar el reparto de los pagos. Redistribuirlos no elimina por sí mismo la necesidad física de regular la red. Reducir los costes necesarios y decidir quién los paga exige decisiones diferentes.